El episodio del
11 de mayo en el que decenas de alumnos de la Universidad Iberoamericana
prácticamente “echaron” a punta de abucheos al candidato presidencial del PRI
del campus de Santa Fe en la Ciudad de México ha moldeado el carácter del
debate público sobre el actual proceso electoral. El asunto evidencia un proceso
de maduración ciudadana (manifiesta a través de los estudiantes) que ha abierto
de inmediato varios escenarios que obstaculizan el proyecto de las poderosas cúpulas
políticas y empresariales para instalar en la presidencia a Enrique Peña Nieto
(EPN). Estos frentes se identifican, por ejemplo, en las manifestaciones
estudiantiles (p.ej. YO SOY 132) para exigir transparencia informativa a
Televisa y Televisión Azteca, y en el llamado a una marcha nacional “anti EPN”
que tendrá lugar el 26 de mayo. Todo esto tiene, por supuesto, varias aristas (el
asunto es natural e ideológicamente polisémico), y la que me interesa discutir
aquí es la relacionada con su lógica electoral, con el hecho de que el efecto anti-Peña Nieto que vemos con más
claridad desde el 11 de mayo parece funcionar a favor de Josefina Vázquez Mota,
la candidata oficial. El razonamiento es que la proliferación de discursos y
acciones contra EPN en el espacio público simbólico y físico favorecen la
circulación de información y argumentos, y de presión colectiva e interpersonal
para que simpatizantes del carismático político reconsideren o cambien su actitud.
Una vez que esto ocurre, lo normal es esperar un desplazamiento de las
intenciones de voto hacia cualquiera de los candidatos. La idea es que en un
mercado electoral, los simpatizantes actuales del PRI que no forman parte de la
red de intereses partidistas y personales en torno a esta organización, se
inclinarían por dar su voto a la opción política e ideológicamente más cercana
a EPN, o sea, JVM. Aquí inicia el problema.
Por razones
varias, muchos pensamos que un retorno del PRI a la presidencia es un paso
retrograda para nuestra democracia. Sin embargo aquí se abre un dilema en el
sentido de que actuar a favor del efecto
anti-Peña desencadena un efecto
pro-Josefina. Es posible que este último sea voluntario o involuntario y en
este sentido, opera dentro de una lógica electoral. Sin embargo, ser
co-participe del efecto pro-Josefina interactúa
de manera directa con la lógica de continuidad del gobierno de Felipe Calderón,
y por ende, con la política antidrogas que ha significado la muerte de casi
60,000 personas desde finales del 2006. En este contexto, la científica social,
Rossana Reguillo, refiriéndose a la manifestación de estudiantes de la
Universidad Iberoamericana contra EPN, lamentó en su página de Facebook (el 14
de mayo) que “esa conciencia súbita” no alcanzara “para condenar por lo menos a
la otra candidata, que tiene las manos manchadas de sangre y otras cosas... borrar
(es un decir) a EPN de la contienda a través de "sujetos sin tacha",
solamente fortalece a una candidata... no es que no haya que reprochar o bajar
a EPN, lo merece... pero el tema aquí es la estrategia de cara a julio... No me
cuadra...y eso que soy fan de los jóvenes y los estudiantes”.
El razonamiento
de Reguillo es importante debido a que nos pide vigilar el sentido de nuestros
posicionamientos como ciudadanos, de revisar las implicaciones de nuestras
preferencias y acciones con carga política. Mi postura personal es que los ciudadanos informados, con conocimiento de causa (los que lo tienen saben de que estoy hablando), debemos actuar en favor del efecto anti-Peña a pesar del efecto pro-Josefina. La razón es que la maquinaria económica y política de EPN es demasiado poderosa como para andarse con estos miramientos. Y aquí entra la necesidad de desarrollar una estrategia anti-Josefina, lo cual será el objeto de mi próxima reflexión.
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